Aunque el Ministerio de Economía demoró en publicar los datos argumentando que eran “confidenciales”, lo cual es falso porque justamente las licitaciones lo que buscan es dotar de transparencia los procesos de compra desde el Estado, finalmente este viernes se conocieron las ofertas de las empresas que aspiran a proveer de chips el plan oficial para implementar la trazabilidad individual del ganado bovino. El proceso lo pagarán las próximas generaciones de argentinos, ya que se derivó un crédito internacional. Costará -tomando la oferta más baja-  22,5 millones de dólares en caravanas electrónicas más otros 300 mil dólares en bastones electrónicos.

Aunque fueron seis los sobres recibidos con las ofertas económicas para proveer al gobierno de 23,5 millones de pares de caravanas y 800 bastones lectores, en realidad fueron tres las empresas que presentaron un precio en todos los rubros; las distribuidoras de insumos Carreteles Rafaela SA (que cotizó los chips entre  0,92 dólares y 1,30 dólares por unidad, dependiendo la zona); Villanueva SA (de 0,95 a 1,3 dólares); y un consorcio formado por Datamars y Farm Tech Argentina, que resultó el más bajo al ofrecer cada caravana electrónica entre 0,88 y 0,91 dólares.

En el caso de los bastones lectores de dichas caravanas, las ofertas incorporaron a la empresa Vesta SA (con 529 dólares por unidad), a la cooperativa ACA (557 dólares), y a Datamars (390 dólares). Pero la oferta más baja fue la de Carreteles Rafaela, con 375 dólares por cada uno de esos instrumentos.

Aunque las autoridades se tomarán algunos días más para analizar las ofertas y resolver si la más barata es también la más conveniente (hay once zonas diferentes de distribución, donde incide el costo de flete de manera diferente), lo cierto es que ya se puede determinar que finalmente el proceso para generalizar las caravanas individuales lanzado casi obsesivamente por el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, saldrá a las futuras generaciones de argentinos unos 23 millones de dólares.

El dinero para esta compra proviene den desvió del préstamos el Préstamo BIRF 8867-AR, originalmente destinado al Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR). Ese programa de endeudamiento tenía fines mucho más nobles y urgentes que la compra de caravanas electrónicas: “Gestionar de manera integral los riesgos de la agroindustria Argentina, adoptando acciones de mitigación y transferencia de riesgos y de atención a situaciones de emergencias agropecuarias”, era su real objetivo.

Como sea, la participación del Banco Mundial en el proceso ha sido una garantía. El valor de las caravanas ofertado por las diferentes empresas está en línea, tal como anticipó Bichos de Campo, con los 0,95 dólares por unidad pagados por el gobierno de Paraguay, en una licitación ganada también por el firma Datamars. En cambio, en Uruguay se habría impuesto otra marca internacional de caravanas, Allflex.

Datamars, la empresa que aquí presentó las ofertas más bajas, es de origen europeo y tiene su sede central en Lugano, Suiza. Pero tiene una filial en Brasil que atiende toda la región latinoamericana. En 2012 compró Temple Tag, una reconocida empres de identificación animal con sede en Texas, en 2014 absorbió Zee Tag, otra reconocida firma del rubro en  Australia; más tarde lo hizo con Felixcan, con peso proio en Europa, y finalmente en 2016 adquirió las neozelandesas Simcro y Tru-Test. En total, ese conglomerado tiene alrededor de 4000 distribuidores y clientes finales en más de 100 países.

Los beneficiarios de estas caravanas electrónicas serán todos los productores ganaderos de la Argentina que forzosamente deberán poner estos chips electrónicos en una de las orejas de sus terneros nacidos a partir de 2025 (se estima serán unos 14 millones de ejemplares) al momento del destete o de la vacunación contra la fiebre aftosa. No se han contemplado en esta licitación los costos de aplicación de esta nueva tecnología ni se determinó todavía si serán las fundaciones sanitarias las responsables de llevar a cabo esta tarea.

El Ministerio de Economía, responsable de la contratación, nunca explicó con claridad por qué razón se ha decidido imponer la trazabilidad individual de los bovinos, que de todos modos va en línea con decisiones individuales de otros países de la región. Vagamente, Pazo argumentó que el uso de esta tecnología era una exigencia para la posible apertura a la carne argentina de mercados exigentes, como Corea del Sur y Japón, pero por la experiencia uruguaya tampoco contar con el chipeado en garantía de grandes compras.

Aquí, muchos ganaderos -especialmente enrolados en las confederaciones norteñas de CRA- se han opuesto a que la implementación de este cambio ser compulsivo y no voluntario, con dos argumentos de peso que nunca han sido bien contestados por las autoridades: que el 75% de la carne producida tiene como destino el mercado interno de la Argentina, que además no exige trazabilidad en tanto y cuanto los frigoríficos cortan las orejas de los animales y tiran las caravanas (interrumpiendo una supuesta trazabilidad) cuando se inicia el proceso de faena.

Curiosamente, la explicación más acabada de las escuchadas hasta ahora para justificar el gasto de casi 23 millones de dólares surge de una entrevista que le hicieron a este funcionario hace dos años, después de su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación en tiempos del gobierno de Mauricio Macri y cuando no soñaba todavía con volver a la gestión pública de la mano de su amigo personal el ministro Luis Caputo, nada menos que como nuevo hombre fuerte de la política productiva en tiempos de Javier Milei.

En aquel momento Pazo se encargaba de promover sus fondos de inversión INVERNEA, orientados especialmente al rubro de ganadería. En dicho programa el ahora funcionario argumentó que todo el capital hacienda que compraban gracias a sus inversores estaba cubierto por diferentes seguros. Y explicó que a su vez “la tecnología va directamente ligada a este proyecto en particular, pues mas del 50% de la hacienda que tenemos en stock esta chipeada, tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda”.

“¿En que  se liga esto con el seguro? Que cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo. Entonces lo que estamos intentando hacer es aplicar tecnología que nos permita también el día de mañana la generación de valor agregado . Ese animal chipeado va a tener trazabilidad, podemos hacer algún proyecto económico sustentable que tenga que ver con el animal engordado a pasto y poder tener por ese lado un diferencial de valor para exportar. A a su vez a la compañía de seguros que nos da la cobertura le permite tener una certeza sobre ese animal y bajar sustancialmente el costo de la póliza”, añadió el ahora funcionario.

Gracias a esta licitación, empresas como INVERNEA podrán acceder ahora gratuitamente al costo de esta tecnología. Y se la pagaremos todos los argentinos con un crédito.