Hace dos años, en medio de un brote de influenza aviar en sudamérica, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió una resolución en la que obligaba a Avícola Santa Ana S.A sacrificar 200.000 gallinas ponedoras.

Un método que venía aplicándose ante la detección de un positivo en todas las granjas del país.

Los propietarios de la firma, con instalaciones sobre la Ruta Nº43, en el acceso a Santa Ana de los Guácaras, aseguraban que los hisopados nunca se realizaron debido a un confuso episodio que quedó registrado en cámaras. Por lo tanto, las muestras jamás pudieron resultar positivas.

Inmediatamente comenzó un conflicto que tuvo en vilo a 150 familias que dependían directa e indirectamente de la actividad en la granja. La controversia ocupó por varios días un lugar privilegiado en la opinión pública y se mezclaron cuestiones políticas en el medio. En ese momento, el SENSA contaba con jefes jerárquicos afines al kirchnerismo. Así se pudo ver a legisladores del oficialismo local, que rara vez salen de sus despachos, llegar hasta la planta para sumarse a los reclamos.

Más allá de estos datos de color, el problema se definió en la Justicia federal y tras varias rondas de nuevos hisopados, se determinó, en los laboratorios del SENASA en Buenos Aires, que las gallinas no estaban contagiadas. La empresa familiar festejó la decisión y agradeció a la comunidad correntina que había apoyado la negligencia del organismo.

Pasó un tiempo, pero Avícola Santa Ana no olvida y alista un reclamo judicial. “Tienen que evaluar el daño económico, pero la presentación va a ser contra los profesionales que intervinieron en la toma de muestras y contra el SENASA”, dijo el abogado Armado Aquino Britos, en comunicación con diario época.

El referente de la firma, Daniel Enciso Piazza, recordó el suceso junto con diario época y analizó todos los cambios que hubo tras el fallido operativo sanitario.

¿Qué les dejó el drama que soportaron?

Estuvimos al borde de la extinción. Y comenzamos a ser conscientes de lo vulnerable que es una PYME ante un funcionario público inoperante. Lo bueno fue que nos quedó marcado a fuego el apoyo que tuvimos del pueblo correntino, recibimos mucha fuerza que nos permitió dar vuelta la pelea.

Internamente resultamos fortalecidos. Sentimos que somos una empresa que nos podemos enfrentar a cualquier desafío que se nos presente. Ahora es muy difícil que nos asuste otro problema.

¿Cómo quedó la relación con el SENASA?

Con el área de Inocuidad, que garantiza que los productos estén aptos para el consumo, seguimos teniendo relación. No obstante, el sector de Sanidad nunca más vino por la granja. Todavía seguimos sin conocer las nuevas autoridades.

Desde que se conocieron el resultado de las muestras no recibimos ninguna aclaración. Es como si nada hubiera pasado. En síntesis no tenemos relación con ese departamento, pero las puertas del establecimiento siempre estarán abiertas.

¿Alguna vez pensaron en una presentación judicial por los daños?

Estamos trabajando con nuestro representante legal en una acción judicial. Sin embargo, lo que más nos ocupa en el día a día es producir y sobrevivir a este país.

De todas maneras hay intensiones de avanzar con el caso, queremos que se esclarezca lo que pasó. Queremos saber cómo el 100% de las muestras tomadas dieron positivo cuando no existía el virus en la granja.

¿Dentro de la industria fue un hecho paradigmático?

Fue un antes y un después para los manejos del SENASA referidos a la Influenza Aviar y el control a los productores. Primero quedó expuesto el nivel de profesionalismo del ente y en segundo lugar se rearmaron todos los protocolos. A partir de nuestro caso no hubo un solo productor que confiará en los resultados del organismo.

Se llamaron a productores privados para que participen dentro del SENASA y se estableció que la cantidad de pruebas necesarias sean de tres o cuatro. Por otro lado, aparecieron nuevos laboratorios para presentar muestras. El caso Santa Ana fue un caso de inflexión y les abrió los ojos a todos los productores.

¿La causa sería contra los veterinarios, los funcionarios o toda la institución?

El procedimiento jurídico todavía está por definirse. Creo que tanto la institución como los funcionarios que tomaron decisiones deben dar explicaciones a la Justicia. Ximena Melón (exdirectora del SENASA) y Diana Guillén (expresidente del SENASA) pudieron condenar a 200 personas al desempleo.

A nivel marketing ¿sirvió para dar a conocer la marca?

Sí, pero lo bueno es que se conoció la familia que estaba detrás, sus valores y la gente que trabaja. Algo que es difícil de comunicar si se lo busca intencionalmente.

Por Alejandro Duete