El gremio denunció que la medida forma parte de un ajuste. Rechazó la unificación de barreras fitosanitarias y zoosanitarias. Consideró que la decisión responde a un recorte presupuestario, no a un plan técnico. Acusó al Gobierno de querer desmantelar Senasa.

Pero en su discurso no aparece el interés social. ATE evita referirse a los precios de la carne y la fruta. Tampoco menciona el impacto que los controles tienen sobre la economía familiar. La defensa del modelo actual beneficia a grandes actores del sector.

Walter Wertmuller, delegado en Senasa, encabezó las críticas. Acusó a las autoridades de actuar sin aval normativo. Sostuvo que los cambios ponen en riesgo más de veinte años de trabajo sanitario. También apuntó contra la posible privatización del control.

“No vamos a permitir que riflen Senasa al control privado”, dijo Wertmuller. Pero no habló del precio de un kilo de carne en la Patagonia. Tampoco mencionó cómo afecta el sistema actual a quienes consumen alimentos todos los días.

ATE concentró su defensa en el funcionamiento del organismo. Resaltó la trayectoria profesional del Senasa. Exigió respeto institucional y estabilidad laboral. Pero no hizo ningún gesto hacia la mayoría de la sociedad.

El gremio parece hablar solo hacia adentro. Defiende a los trabajadores del organismo. Cuestiona la decisión del Gobierno. Pero olvida que hay una ciudadanía que sufre precios altísimos por alimentos básicos.

El conflicto surge tras la Resolución 180/2025. El Gobierno autorizó el ingreso de carnes a zonas sin vacunación contra aftosa. Justificó la decisión en estudios técnicos. Señaló que el virus no circula en el país.

Las provincias patagónicas pusieron el grito en el cielo. Denunciaron que se pone en riesgo la sanidad de sus productos. Argumentaron que la medida afecta la posibilidad de exportar. Pidieron una revisión inmediata.

ATE se alineó con ese planteo. No hizo diferencia entre reclamos legítimos y privilegios empresariales. Sostuvo que el nuevo esquema debilita el control. Advirtió sobre la expansión de la mosca de los frutos.

El gremio dejó en claro su estrategia. Planea asambleas permanentes en las barreras. Evalúa protestas si el Gobierno insiste. Pero no explicó cómo se relaciona todo eso con los consumidores.

Los consumidores no aparecen en los comunicados. No se mencionan ni los precios ni las distorsiones. Tampoco hay propuestas para equilibrar sanidad y acceso económico. La defensa gremial deja fuera a quienes pagan el costo final.

La carne en la Patagonia cuesta más que en Buenos Aires. Lo mismo ocurre con frutas y verduras. La barrera es también una barrera económica. ATE no reconoce esa realidad.

Romeo Aguiar, secretario gremial, fue tajante. “Si avanzan en reducir los controles, vamos a movilizar”, dijo. Pero no propuso una salida que contemple a la gente que hace fila en la carnicería.

El gremio habla del prestigio de Senasa. Rescata logros sanitarios. Reivindica el rol estatal. Todo eso es valioso. Pero nada de eso sirve si la gente no puede pagar lo que come.

La postura de ATE favorece a grupos empresariales concentrados. Evita enfrentarlos. No menciona su influencia sobre los precios. Termina alineado con sus intereses, en vez de defender al conjunto de la sociedad.

Los pequeños productores también pierden voz. El debate se da entre gremio y Gobierno. La mirada de los chacareros queda afuera. Y el consumidor, directamente, ni existe.

La reubicación de barreras busca una modernización. Según el Gobierno, los nuevos puntos no comprometen el control. Asegura que se mantendrá la vigilancia sanitaria sin afectar precios.

ATE rechaza ese diagnóstico. Considera que el plan es un retroceso. Que el ajuste destruirá estructuras fundamentales. Pero no ofrece alternativas que contemplen las dos dimensiones: sanidad y acceso.

El conflicto refleja un desacople profundo. La defensa de derechos gremiales es válida. Pero no puede ir separada del bienestar de la mayoría. Mucho menos cuando se trata de alimentos.

La salud pública incluye la economía familiar. Comer sano, seguro y accesible debería ser el objetivo común. ATE no parece dispuesto a revisar sus argumentos.

El gremio insiste en medidas de fuerza. Cree que la presión puede frenar los cambios. Pero esa presión cae también sobre trabajadores de otras áreas. Y sobre miles de familias que ya no aguantan los precios.

ATE exige que el Estado no ceda poder. Pero defiende un esquema que ya no resiste. La protección de intereses sectoriales no puede convertirse en privilegio estructural.

Las decisiones públicas deben considerar todos los factores. El control sanitario es esencial. Pero también lo es que una familia acceda a un asado sin endeudarse.

ATE tiene la oportunidad de cambiar el enfoque. Podría liderar un debate más justo. Pero para eso, tiene que escuchar a quienes hoy están afuera del reclamo.

La defensa del Senasa no puede ser ciega. Ni puede quedarse en slogans. Debe abrirse a una revisión profunda, social y democrática.

Mientras tanto, los consumidores siguen solos. Pagan carne y fruta a valores imposibles. Y miran desde lejos cómo se pelean por sus alimentos sin incluirlos.