La asociación comercial dijo que cree que el Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. intenta eludir al Congreso y a los tribunales para revertir el estándar legal de larga data de que un demandante debe demostrar daño a la competencia para demandar y ganar bajo la Sección 202 (a) o (b) de la Ley de Empacadores y Corrales .

“Esta posición era errónea antes y es errónea ahora”, dijo Mark Dopp, director de operaciones y asesor general del Meat Institute.

Más adelante en sus comentarios, el Instituto de la Carne también declaró que cree que la norma propuesta viola la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo.

“Cambiar la norma de daño a la competencia requiere la intervención del Congreso y ese hecho se pone de relieve en la decisión de la Corte Suprema en West Virginia v. EPA ”, dijo Dopp. “Además, la propuesta incluye normas tan vagas que, si se adoptan, sería imposible para una entidad regulada saber cómo cumplirlas”.

Otras cuestiones planteadas por el Instituto de la Carne es que no estaba de acuerdo con el análisis económico de la agencia al introducir la norma.

“AMS parece pensar que el hecho de que realizar un análisis sea difícil significa que la agencia no necesita hacerlo. AMS tiene toda la razón cuando dice: ‘Aplicar un valor cuantificado en dólares a la mejora sería una tarea difícil’”, afirmó Dopp.

“Las ineficiencias y los litigios que resultarán de la implementación de la propuesta aumentarán los costos de la producción nacional de carne de res, cerdo y aves de corral”, continuó. “Un resultado de ese tipo perjudicaría a los consumidores estadounidenses, que pagarían más por la carne, y perjudicaría a los productores de ganado, criadores de aves de corral, envasadores y distribuidores nacionales al reducir la demanda de productos nacionales y perjudicar las exportaciones”.

Dopp comentó más tarde que, en opinión de la asociación comercial, el USDA no intentó estimar los costos de litigio en que incurrirían las entidades reguladas si la propuesta se convirtiera en una regla final.

Cuando el USDA hizo el anuncio inicial de la norma propuesta  en junio, la agencia dijo que aclararía la interpretación de “injusto” tal como aparece en la Ley de Empacadores y Corrales.

“El arraigado poder de mercado y los abusos que se derivan de él siguen siendo un obstáculo para lograr precios más bajos para los consumidores y prácticas más justas para los productores”, dijo el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, en junio. “La norma propuesta hoy representa estándares claros y transparentes para que los mercados funcionen de manera justa y competitiva tanto para los consumidores como para los productores. Con nuestro enfoque de gobierno integral para la competencia y la resiliencia, la Administración Biden-Harris está luchando todos los días para reducir los costos para las familias estadounidenses y darles a los agricultores un trato más justo”.