La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que concentra a la mayoría de las empresas de ese país que trabajan en suelo argentino, publicó un informe del Gobierno de EE.UU. en el que, además de expresar expectativas positivas por las recientes medidas económicas del gobierno argentino, lanzó críticas hacia el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), al considerar que sus exigencias regulatorias constituyen uno de los principales obstáculos para el comercio agroalimentario entre ambos países (ver páginas 17 a 21 del informe publicado al pie de esta nota).

AmCham que representa a más de 700 empresas estadounidenses radicadas en el país, es responsables de generar 420.000 empleos directos y de aportar el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones nacionales. El informe de la administración Trump identificó al SENASA como un punto conflictivo dentro del marco del intercambio bilateral, particularmente por sus procedimientos sanitarios.

“El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y el SENASA mantienen una relación fluida que permitió avances en los últimos años”, reconocieron desde AmCham. Sin embargo, el informe alerta que aún persisten negociaciones abiertas para el acceso de varios productos agrícolas, cuyos ingresos al mercado argentino enfrentan trabas persistentes.

Entre los productos mencionados se encuentran uvas de mesa, arándanos frescos, cítricos dulces, cebollas, y semillas de soja y maíz. También se señalaron dificultades para el ingreso de productos de origen animal, incluyendo alimentos para mascotas. Las empresas destacan que las exigencias sanitarias locales son a menudo excesivas y generan demoras innecesarias, sumadas a pedidos de documentación adicional que califican de “redundantes o arbitrarios”.

Además, el documento del Gobierno de Estados Unidos remarcó que el SENASA “no cuenta con procedimientos formales para evaluar el cumplimiento de requisitos de equivalencia o reconocimiento mutuo”, lo cual genera una importante carga de incertidumbre para los exportadores. En ese sentido, enfatizaron que la falta de modernización en ciertos procedimientos, como la necesidad de presentar certificados sanitarios y fitosanitarios originales y firmados físicamente, sigue siendo una traba operativa significativa. Este requisito, explicaron, generó serios contratiempos durante la pandemia, cuando obtener dichos documentos de forma presencial se volvió inviable.

Preocupación por la propiedad intelectual

El informe también hizo foco en otra problemática estructural: la falta de garantías efectivas en la protección de la propiedad intelectual. A pesar de que Argentina es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y ha ratificado los principales tratados internacionales en la materia, la Cámara advierte que existen “limitaciones en su implementación”, especialmente en sectores clave como el farmacéutico, el software y el agro.

En ese marco, señalaron que en el informe “Special 301” de 2024, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) volvió a incluir a Argentina en su “Watch List” debido a “deficiencias persistentes en la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual (DPI)”.

“Los plazos para obtener patentes en Argentina superan los 10 años en algunos casos”, afirmaron, y agregaron que los criterios de patentabilidad vigentes desde los años 2011 y 2012 “prácticamente imposibilitan el registro de innovaciones farmacéuticas o agroindustriales”.

Optimismo con advertencias

Si bien el tono general del informe combina preocupación con cierta expectativa, AmCham valoró positivamente la reciente eliminación del cepo cambiario y el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), considerándolos pasos fundamentales hacia la estabilización económica del país.

“Para el sector productivo, esto representa una oportunidad concreta de recuperación, con mejores condiciones de acceso al crédito, confianza renovada y un entorno más propicio para la inversión”, afirmaron. Sin embargo, remarcaron que estos avances deben ser acompañados por “políticas de Estado” que garanticen la continuidad de las reformas estructurales.

“Reiteramos que este tipo de acuerdos debe estar acompañado por políticas de Estado que apunten a concretar la transformación social y económica que la Argentina necesita. Es fundamental avanzar hacia un marco regulatorio que incentive la producción, la generación de empleo y la apertura al mundo”, concluyeron.

Importaciones bajo la lupa

Por último, el informe también planteó cuestionamientos hacia las políticas de importación vigentes, que según el sector empresarial estadounidense continúan dificultando el ingreso de bienes y servicios de ese país al mercado argentino.

La Cámara expresó su preocupación por las trabas administrativas y regulatorias que afectan el comercio bilateral, y exhortó a las autoridades argentinas a avanzar en la simplificación de normas, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de los marcos institucionales para atraer inversiones y facilitar el comercio exterior.