El conflicto en torno a la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial (Tasa Portuaria) ha sacudido el debate en Necochea, poniendo en evidencia la fuerte oposición de las agroexportadoras a asumir los costos del deterioro de la infraestructura vial de Quequén, un problema que lleva años afectando a los vecinos de la ciudad.

La medida, pensada para que las terminales portuarias compensen los daños que su actividad genera sobre la red vial local, ha sido rechazada rotundamente por el sector agroexportador, quienes aseguran que el costo de la tasa terminará siendo trasladado a los productores. Este argumento ha calado hondo en los productores, que se sienten atrapados en medio de un conflicto entre las grandes terminales y la comunidad, sin tener una salida clara.

El verdadero problema, sin embargo, no radica en la tasa en sí, sino en la negativa de las agroexportadoras a asumir su responsabilidad por los daños que su actividad provoca en la ciudad siendo ellas las más beneficiadas en toda la cadena. Las terminales portuarias, al no querer pagar esta tasa, continúan descargando sobre los habitantes de Quequén los efectos del abandono de la infraestructura vial. El resultado es una red de caminos y accesos en constante deterioro, que limita la calidad de vida de los vecinos y genera mayores costos de mantenimiento, que terminan por recaer sobre la administración pública local.

Lo que no se menciona es que, en términos operativos, existe un monopolio sobre la estiba y los llamados intermediarios, que elevan el costo de la operación portuaria en Quequén en comparación con otros puertos como el de Bahía Blanca. Sin embargo, el costo adicional de la estiba que obviamente es transferido al eslabón que produce el grano no genera el mismo tipo de controversia que la tasa para el mantenimiento de la red vial, aunque este es un factor clave en el alto costo de la actividad portuaria en Quequén. Las terminales, al igual que el sector agroexportador, disfrutan de grandes márgenes de rentabilidad, pero se niegan a compensar los efectos negativos de su actividad.

Desde el lado de los vecinos, la indignación es palpable. La ciudad de Quequén, que se ve afectada por el creciente deterioro de su infraestructura vial, sigue siendo ignorada en términos de responsabilidad empresarial. En lugar de buscar una solución negociada que incluya a todas las partes, el lobby agroexportador opta por una actitud defensiva que sólo perpetúa el abandono de la ciudad y la caída en la calidad de vida de sus habitantes.

Los productores, por su parte, se encuentran atrapados entre dos fuegos. Por un lado, el costo de la tasa, que aseguran será descontado de lo que reciben por sus granos, y por otro, la falta de inversión en la infraestructura local, que hace que Quequén siga siendo una ciudad con una red vial deficiente, con los riesgos que ello implica tanto para quienes transportan la producción como para el día a día de los vecinos.

Lo que muchos no entienden es que el verdadero problema no radica en el pago de una tasa justa para mantener las rutas, sino en el modelo de negocio de las agroexportadoras, que priorizan sus márgenes de rentabilidad a costa del bienestar de la comunidad local, los propios productores y transportistas. Las grandes terminales portuarias continúan operando con altos márgenes de ganancia, pero se desentienden de las consecuencias que su actividad genera en la ciudad.

EL RECIENTE CASO DE SANTA FE: NO TASAS, BONOS

El gobierno de Omar Pullaro en Santa Fe está implementando un sistema de emisión de bonos para financiar proyectos de infraestructura productiva en la provincia, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería. El esquema implica la emisión de bonos por un total de 50 mil millones de pesos, destinados a obras que impulsarán la competitividad del sector agroindustrial, particularmente en la mejora de rutas y accesos logísticos vinculados a la producción.

El sistema de bonos se planteó como una medida alternativa para enfrentar los costos derivados de la falta de financiamiento federal y las dificultades económicas internas. Estas inversiones se destinarán a obras que mejoren la conectividad vial, fundamental para el transporte de mercancías, y contribuyan al desarrollo del sistema productivo santafesino.

El plan de obras proyectado responde íntegramente al desarrollo portuario. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) liderada por Gustavo Idígoras junto a la Bolsa de Cereales estuvieron de acuerdo para sellar esta iniciativa.

Quizás este modelo les resulte más tentador ya que financian las obras para su propia actividad pero luego cobran un interés significativo en dólares. 

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El dilema, entonces, es claro: ¿será la negativa del sector agroexportador a asumir esta tasa una cuestión de mezquindad o de pura avaricia? La realidad es que, mientras continúan eludiendo su responsabilidad, por un lado no solo no mejoran la logística de su actividad invirtiendo en la red vial para transportar el grano hacia las terminales sino que los vecinos de Quequén siguen pagando el precio más alto, viviendo en una ciudad donde la infraestructura vial se degrada, la calidad de vida disminuye, y las promesas que alguna vez deslizaron de mejora siguen siendo un mero espejismo.