La empresa –con sede en Córdoba pero con campos en producción localizados en la provincia de Entre Ríos– se encontraba en concurso preventivo desde 2024. La ON Pyme había captado 25,0 millones de pesos en su momento y el próximo 21 de enero tendría que haber abonado la última cuota del capital por una suma de 6,25 millones de pesos más intereses. No sucederá.

En la solicitud de pequeño concurso preventivo  –esquema disponible para empresas con menos de veinte trabajadores en relación de dependencia– Javier Alonso, presidente de la firma, explica que “la sequía de las últimas tres temporadas anteriores, a lo que se adicionó la denominada chicharrita del maíz, hizo que la producción de maíz se viera afectada en forma tan inesperada como gravosa”.

“Ello condujo inexorablemente a la cesación de pagos que se avisoró en la última etapa de actividad (abril/mayo del 2024). En suma, confiesa su cesación de pagos fijando como fecha inicial en donde se produjo la misma, el día 10 de junio 2024, momento a partir del cual resolvieron no atender más obligaciones corrientes, por imposibilidad de hacerlo, a quienes asistían personalmente a reclamar los pagos”, señala el documento judicial.

Es decir: el problema de Campo de Avanzada S.A dista de ser una novedad porque la compañía registra desde fines de junio del año pasado 206 cheques rechazados sin fondos por una suma total de 1159 millones de pesos, además de tener una deuda bancaria por 1640 millones de pesos en categoría 4 (“alto riesgo de insolvencia”) y otros 553 millones en categoría 3 (“con problemas”).

La novedad es que el mercado financiero, luego de los defaults de Surcos, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, suma ahora una nueva cesación de pagos de una ON asociada a una empresa del campo, lo que constituye un problema para el resto de las empresas del sector agropecuario al momento de solicitar financiamiento.

La ON Pyme en cuestión había sido lanzado por Tarallo SA –como organizador y colocador– y contaba con el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Garantizar, que, para fortuna de los inversores, se hará cargo de cumplir con el pago correspondiente.

En lo que respecta al concurso preventivo, el juez José Antonio Di Tullio dispuso que el síndico podrá presentar el informe individual de los créditos el 25 de abril de 2025, mientras que el 18 de septiembre de 2025 tendrá que presentar el informe general.

La fecha para el dictado de la sentencia de verificación de créditos fue fijada el 7 de agosto de 2025 y la fecha hasta la cual la concursada deberá acompañar la propuesta de categorización de acreedores es el 21 de agosto de este año. La sentencia de categorización de acreedores debería ser dictada a más tardar el día 17 de octubre de este año