Productores yerbateros, tealeros, tabacaleros, forestales y de otros sectores de esta provincia, junto a una docena de entidades del agro y la producción, reclamaron el viernes pasado que el gobierno misionero derogue o frene la prohibición total de utilizar el glifosato a partir del próximo 4 de julio del 2025.

En una reunión celebrada en Dos de Mayo, en el salón de la Picada Indumar, una cooperativa yerbatera, representantes de entidades como Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Sociedad Rural de Misiones, Sociedad Rural Ovina, Caprina y Porcina de Misiones, Fedecoop, Asociación de Ganaderos del Alto Uruguay, Apicofom, Amayadap, Productores Autoconvocados y la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), entre otras, manifestaron su rechazo a la prohibición.

El año pasado la Legislatura misionera, con impulso del entonces titular Carlos Rovira, quien también es el máximo referente político en Misiones desde hace 20 años, sancionaron la Ley 103 de Producción y Promoción de Bioinsumos.

En su artículo 7° esta Ley ordena: “Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se establece que esta prohibición entra en vigencia luego de dos (2) años desde su publicación oficial a los efectos de una transición progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos actuales implementado a partir de la Ley XVI – N° 124 hacia métodos más amigables con el ambiente”.

El glifosato es muy utilizado en Misiones. Su adopción fue rápida y reemplazó la mano de obra intensiva que antes se utilizaba para desmalezar los terrenos. Yerbateros, tabacaleros, tealeros y casi todas las producciones de la provincia necesitan el glifosato. Uno de los puntos que critican es que la Legislatura sancionó la ley sin consultar a los productores, algo que en el Gobierno admiten. Cuando una ley la impulsa Rovira, los legisladores oficialistas, y muchas veces también los opositores, la aprueban sin más interconsultas con sus supuestas bases electorales.

La otra cuestión que alertaron los productores es que al día de hoy no se desarrollaron las alternativas en bioinsumos que promete la provincia. El gobierno de Misiones alentó la radicación de la empresa Agrosustentable, instalada desde 2022 en el Parque Industrial de Posadas, y que recibe enorme apoyo oficial. Por ejemplo: el Gobierno le compra toda la producción de biofertilizantes y la distribuye de manera gratuita entre los pequeños productores.

Pero tanto la todavía acotada capacidad de producción de esta empresa, como la falta de desarrollo de un herbicida de eficacia testeada, conspiran contra los plazos de prohibición que arrancarán indefectiblemente el 4 de Julio del 2025. Incluso uno de los responsables de la empresa admitió a LA NACION que el glifosato aún no se puede reemplazar. “Se caería la producción de alimentos”, vaticinó.

Alternativas

Una de las posibilidades que baraja el Gobierno de Misiones es empezar a otorgar prórrogas por sector, pero los entidades lo rechazan y piden una derogación de la prohibición o un estiramiento de los plazos por unos cinco años para tener mayor certidumbre.

“Si no se prorroga los productores tealeros no podrán vender su próxima cosecha”, dijo Ángel Oseñuk, aludiendo a las observaciones y advertencias que los importadores estadounidenses del té misionero vienen realizando en torno a esta prohibición. Sostienen que sin glifosato, la producción de té podría verse afectada y podrían optar por otros proveedores, una amenaza que aún no se cumplió en los hechos.

Plan político

La idea de Rovira es reforzar el estatus de Misiones como un “santuario” de la biodiversidad. La tierra colorada tiene el 52% de la biodiversidad de la Argentina y su selva y monte nativo es el último manchón verde que queda en la región.

Rovira elevó un reclamo al gobierno nacional para que compense a la provincia por sus servicios ambientales que colaboran para que la pampa húmeda tenga un clima apto para la producción. “Nosotros perdemos cuando dejamos de producir soja para no tocar nuestros bosques, pedimos una compensación por eso”, dicen en el gobierno de provincial.

Martín Boerr