Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) anunciaron que continuará efectuando los controles en los ingresos a la Patagonia. Fue en una reunión con la ministra de producción de la provincia de Chubut, Laura Mirantes, y al nuevo presidente de la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), Sebastián Hernández, en Buenos Aires.

En el encuentro, manifestaron que el organismo nacional que se harán cargo del 80% de los gastos (sobre todo salarios del personal,) y continuará efectuando los controles en los ingresos a la Patagonia, tanto para el canal “verde” (frutihorticultura) , como para el canal “rojo” (ganadería). Así, descartó que el servicio se delegue al sector privado o a las provincias.

Este dato elimina el conflicto con ATE, que advirtió sobre la posible privatización. La barrera sanitaria seguirá en la órbita de la FUNBAPA.

La reunión se produjo el martes y duró casi 4 horas, reveló La Mañana de Neuquén. Fue encabezada por el anfitrión, Pablo Cortese, presidente del SENASA. Hernández llegó acompañado por su predecesor en el cargo, Eduardo Merayo, y por el futuro Subdirector de FUNBAPA, Pablo de Azevedo.

“No hay traspaso, y se habilita a FUNBAPA a administrar las cuestiones operativas”, sostuvo Hernández luego del encuentro, quien aclaró que “los programas sanitarios están garantizados y eso va por otro lado, por la disposición de los privados”.

Fue un día para “dejar de lado los teléfonos descompuestos”, y se pusieron sobre la mesa los números finos del funcionamiento de la barrera: 7.500 millones de pesos al año. De ese monto, SENASA se hará cargo de 6.000 millones (básicamente gasto salarial), mientras que los restantes 1.407 millones (según el plan de trabajo presentado), deben hacerse cargo las provincias. Pero ese ítem implicaba una serie de inversiones en reacondicionamiento de instalaciones. Por lo tanto -en lo inmediato-, se requerirá que las provincias asuman el 50% de ese monto, unos 700 millones, para cubrir los gastos operativos, como los servicios básicos, transporte y todo lo que hace al funcionamiento de los distintos puestos de control.

Si se tiene en cuenta que son seis las provincias involucradas (todas las patagónicas), deberían afrontar un gasto que rondaría los 10 millones de pesos mensuales cada una. “Nos dijeron que no habrá un traspaso, nunca plantearon ese tema, y que no tienen ninguna objeción a la participación de la FUNBAPA”, sintetizó quien además es presidente de la Federación de Productores. Por lo tanto, cómo se controla, quienes, donde y con qué criterios, seguirá siendo potestad de SENASA.

Aclaró el dirigente que, en las negociaciones, a la hora de analizar los costos de funcionamiento, “dejamos en claro que no podemos generar compromisos sin tener los recursos asegurados”. A partir de esta reunión, ahora se abre una etapa de negociación con las provincias que podría desembocar en un convenio marco.